La Comisión Europea se ha puesto seria para que España cumpla las reglas del euro y no lo ha hecho solo con nuestro país, sino que la advertencia de Bruselas ha llegado también a países como Francia, Italia, Bélgica, Portugal o Finlandia alertando del creciente gasto público y que las medidas para reducir el gasto público son ineficientes para cumplir la senda de deuda. Hablamos de un primer examen para identificar posibles desvíos que puedan poner en riesgo la estabilidad de la zona euro.

Para cumplir con la UE, España tiene la obligación de llevar a cabo un importante ajuste estructural en torno a los 8.000 millones de euros, haya presupuestos o no, para así llegar al 0,65% del PIB solicitado, una medida que tendrá que llevar a cabo sin dilación, bien el actual Gobierno en funciones, o bien el resultante de la nueva (van cuatro en cuatro años), llamada a las urnas el próximo mes de noviembre.

Europa se ha puesto seria y ha avisado que estos ajustes han de ser permanentes y no va a permitir operaciones puntuales de ingeniería financiera como se habían realizado hasta ahora, un tiempo en el que se ha jugado con el ciclo económico de turno y cuando la economía crecía, la recaudación también lo hacía, a la vez que los gastos bajaban frente al PIB. Ahora se pide que esta política cambie y se asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

El problema está en que ahora nos encontramos ante un entorno económico con claros síntomas de desaceleración, por lo que ni siquiera una subida de impuestos (el castigo fiscal al diesel o la tasa Google no son la solución), sería suficiente para llegar a la cifra que desde Bruselas se nos exige y subidas de pensiones o sueldos a funcionarios (que no serían sino un aumento estructural del gasto), complicarían aún más si cabe el saneamiento de las cuentas que se está demandando.

La caída de los Presupuestos Generales del Estado hace unos meses, convertía en misión imposible el cumplimiento del objetivo de déficit, es más, carecer de presupuestos e incrementar los impuestos implica incrementar el déficit y lastrar la reducción que se nos está pidiendo. Si en 2020 estos recortes no se han cumplido, la Comisión reclamará medidas y en el caso de no ser cumplidas, será cuando se impongan amonestaciones y/o sanciones.