Tras duras negociaciones, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre el paquete de reforma de la política agrícola común (PAC) que entrará en vigor en 2023.

Con un presupuesto total para los próximos 7 años de 390.000 millones de euros de los que a España le corresponderá en torno al 12% un total de 47.724 millones de euros; reservando un 20% de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas:

  • propuestas para mejorar la sostenibilidad ambiental del sector con prácticas como el pastoreo extensivo,
  • el aumento de la agricultura ecológica
  • o la reducción del uso de fitosanitarios y antibióticos

Con el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Rumania, Letonia y Bulgaria, el documento propuesto por Alemania al ocupar la presidencia de turno de la Unión Europea fue aprobado por mayoría cualificada y fija las llamadas “líneas rojas” que ocuparán los debates que comienzan en las próximas semanas.

El documento final también incluye 10 criterios que ganaderos y agricultores habrán de cumplir (bajo la perspectiva de 3 grandes temas: clima y medioambiente, salud pública, sanidad animal y fitosanidad, además de bienestar animal) para poder acceder a las ayudas directas europeas.

Esta será además, una PAC más simplificada con el objetivo que el agricultor pueda dedicar el mayor tiempo posible a la gestión de su explotación mediante la reducción de trámites administrativos que desde 2023 gracias al uso intensivo de las nuevas tecnologías que permitirán capturar directamente los datos necesarios de las solicitudes de ayuda reduciendo de manera sustancial los controles físicos sobre el terreno.

Los mayores roces han surgido entre los defensores de la adopción de medidas adicionales en favor del clima y el medioambiente que reclamaban mayores beneficios frente a los que no las llevasen a cabo, si bien como decimos, los 27 han acordado dedicar el 20% de los pagos directos a lo que se ha dado en llamar como “ecoesquemas”, pudiendo cada Estado miembro asignar fondos en diferentes prácticas ecológicas de manera flexible (en el caso español se tendrá muy en cuenta los diferentes modelos de agricultura, sin la rigidez que imponía el modelo único europeo) y de igual modo, se han resuelto los problemas que generaba la obligatoriedad de la rotación de cultivos así como de otras prácticas destinadas a la preservación del suelo y la que establecía un porcentaje mínimo de tierras de cultivo destinadas a superficies e instalaciones no productivas.

La elaboración de un Plan Estratégico de la PAC en España, supondrá un esfuerzo de cooperación sin precedentes en nuestro país entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con un presupuesto superior a los 50.000 millones de euros para la puesta en marcha de un paquete de instrumentos financiados incluyendo no solo las aportaciones de dichos actores, sino también las procedentes de los fondos de recuperación de la UE y del propio Plan Nacional de Inversiones y Reformas.